Soluciones para cerrar la puerta a la violencia familiar desde la Región Andina (2024)

Muchos latinoamericanos enfrentan hoy una doble emergencia: fuera de casa el coronavirus, dentro de ella, sus agresores. El confinamiento y la necesidad de adaptar rutinas cotidianas a entornos digitales, la pérdida de empleos, la alternancia de trabajos domésticos y obligaciones laborales, ente otros factores, han aumentado el riesgo de violencia intrafamiliar. Los grupos más afectados son mujeres, menores y adolescentes, adultos mayores y las personas con discapacidad.

En la región andina algunos datos oficiales muestran un incremento de actos violentos dentro del hogar durante el aislamiento. En Colombia, del 25 de marzo al 4 de abril, los casos reportados a través de la Línea 155 al servicio de mujeres víctimas de violencia aumentaron un 110%,. En Perú, según datos del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres y el Grupo Familiar (AURORA) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), del 16 de marzo al 5 de mayo aumentó en un 44% el número de llamadas de menores a líneas de emergencia.

Respuestas de los gobiernos

Ante la inminencia del problema ¿Qué respuestas han desplegado los gobiernos de la región andina?

• Mecanismos de actuación coordinada. Se han emitido normas especiales para que sistemas judiciales, policiales y otros servicios esenciales (como salud, protección, etc.) atiendan a las víctimas de forma coordinada e ininterrumpida durante el COVID-19. En Perú, por ejemplo, el Decreto 1470 protege a mujeres e integrantes del grupo familiar con medidas que privilegian la salida del agresor del hogar e impiden el contacto con sus víctimas. Ecuador emitió el Acuerdo Nacional 2030“Por una vida libre de violencias”que habilita una comisión mixta para prestar servicios especializados y 30 unidades judiciales. Colombia, con el Decreto 460/20, fortaleció capacidades de actuación de las Comisarías de Familia, principales autoridades para atender casos de violencia familiar en el país.
• Herramientas multicanal de medios remotos y presenciales. Se han implementado rápidamente estrategias mixtas bajo protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, el teletrabajo de servidores públicos y la atención por medios telemáticos y/o video audiencias están permitiendo a los sistemas de justicia y autoridades adoptar medidas de protección a víctimas casi en tiempo real. Las líneas telefónicas de emergencia definieron protocolos diferenciados y especiales como en el caso de Perú y Ecuador que brindan atención en lenguas nativas a comunidades indígenas. También, se reforzaron estrategias presenciales como Patrullas en Casa, centros de acogida o refugio, equipos itinerantes, y centros de atención especializados en fronteras para poblaciones migrantes en riesgo.
• Comunicación como estrategia de atención. gobiernos habilitaron múltiples campañas en ambientes digitales, especialmente redes sociales, como #SinElVirusdeLaViolencia, Mujer Ecuador te Acompaña de la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador, kits virtuales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Perú. También se han adaptado contenidos en medios cercanos al ciudadano como radios comunitarias o perifoneo en barrios y zonas rurales.

Abordaje multidimensional para un problema también multidimensional

La violencia intrafamiliar es un problema que afecta a nuestra región desde hace tiempo y que durante esta pandemia está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos. Urge un cambio de abordaje multidimensional que combine estrategias de salud pública, seguridad, educación y cultura ciudadana. Aquí cuatro ideas prácticas:

1. Colaboración público-privada. Enfrentar la violencia doméstica requiere acciones colectivas. Los estudios de Klijn & Koppenjan y Crosby & Bryson, por ejemplo, han demostrado que la gobernanza colaborativa es muy efectiva para resolver grandes retos públicos de forma costo eficiente. Esto implica reforzar la coordinación entre instituciones oficiales, concretar más sinergias entre gobierno, empresa, ciudadanía, y trabajar regionalmente estrategias que dispongan recursos, faciliten el intercambio de conocimiento y permitan co-crear soluciones innovadoras.
2. Los datos: la deuda pendiente. Un gran desafío identificado es la baja calidad de la data disponible. Expertos y autoridades identifican un gran nivel de subregistro en relación a los casos de violencia intrafamiliar. Esta baja calidad de la información dificulta el análisis y la toma de decisiones eficientes. Es clave mejorar los mecanismos de recolección, la interoperabilidad entre sistemas de información pública, y el uso de datos abiertos y de herramientas analíticas avanzadas.

3. Tecnología adecuada al nuevo contexto. La tecnología es sin duda un mecanismo esencial para prevenir, atender y mitigar la violencia doméstica. Sin embargo, también puede ser usada por los agresores. Si bien hay un aumento en el uso de WhatssApp y aplicaciones para acceder a servicios de asistencia, se ha constatado la urgencia de reforzar medidas de protección y seguridad en el cyber espacio con herramientas de privacidad y aseguramiento de datos personales, o de monitoreo y respuesta a delitos o actos violentos contra miembros del grupo familiar como el ciberacoso o la extorsión. Al respecto, si bien desarrolladores freelance y co workings están incursionando en este frente, falta mucho trabajo. Igualmente, se ha demostrado el poder y potencial de las tecnologías sociales tales como el uso de elementos o códigos distintivos para que las víctimas reciban auxilio sin quedar en evidencia con agresores al ir a supermercados o farmacias, o estrategias comunitarias para reducir el estrés.

4. Hay que navegar nuevos entornos, hablar nuevos lenguajes y pensar nuevas fórmulas para actuar hoy y en el futuro. Finalmente, la coyuntura ha demostrado que los entornos comunitarios, educativos y de innovación son esenciales. Por eso, debe fortalecerse el trabajo entre autoridades y redes de vecinos, habilitar contenidos y herramientas para facilitar el acceso a la oferta y mecanismos de denuncia pública para personas con discapacidad visual y/o auditiva, campañas para menores y adolescentes usando redes sociales, e incorporar nuevas tecnologías como chatbots o reconocimiento facial.

Si bien esta doble emergencia exige a los gobiernos hacer más con menos, también es una gran oportunidad para adecuar la oferta institucional y desarrollar estrategias accionables y novedosas que permitan enfrentar este problema con mayor contundencia. Todo es posible a partir de la acción colectiva, el intercambio conocimiento y lo más importante: la experimentación. Porque cada vida cuenta y no hay tiempo que perder.

VideoJuan Esteban Aristizábal (Juanes)

Video Natalia Ponce de León